Resumen Ejecutivo

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Durante la cumbre en el año 2015 la UE y México acordaron la renegociación del Acuerdo Global que entró en vigor en el año 2000. El eje central de este Acuerdo es un tratado de libre comercio que habría de ser “modernizado” en esta renegociación. Este estudio publicado en conjunto por Pan para el Mundo, Misereor y el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL) aborda las posibles consecuencias sociales, ecológicas y en derechos humanos de esta “modernización”. Así mismo, evalúa los impactos del Acuerdo Global vigente.

El Acuerdo Global: Entrada libre para a las corporaciones

Las expectativas sobre el Acuerdo Global entre la UE y México no se han cumplido desde el punto de vista mexicano. En lugar de diversificar sus mercados, México sigue dependiendo en gran medida de los Estados Unidos: el 80 por ciento de sus exportaciones van al estado vecino. Además, el déficit comercial de México con la UE aumentó año con año: en 2002 ascendió a 8,6 mil millones de euros y en 2015 fue de 14 mil millones de euros.

Las diferentes administraciones de gobierno en México han tomado numerosas medidas en las últimas décadas, con el objeto de proporcionar a las corporaciones transnacionales una plataforma de producción de bajo costo para la fabricación automotriz, electrónica y textil. Sin embargo, el costo de los puestos de trabajo obtenidos es alto. El nivel de los salarios en México ha caído significativamente con respecto a los niveles internacionales: entre los países de la OCDE, los salarios en México son los más bajos. Hoy en día, los salarios por hora en México son 42% más bajos que en China.

Como ocurre desde hace tiempo, en las maquiladoras creadas en México predominan malas condiciones de trabajo, los derechos humanos son violados y los sindicatos reprimidos. A espaldas y en detrimento de los trabajadores son celebrados contratos colectivos aparentes entre empresas y sindicatos ficticios que no fueron elegidos por los trabajadores. Las empresas, a su vez, descuentan las cuotas sindicales de los salarios, y las transfieran a los sindicatos blancos. También las empresas europeas, como la alemana Schaeffler que cuenta con tres plantas en México y abastece autopartes a Volkswagen, han firmado tales contratos que violan las normas internacionales sobre derechos laborales.

A pesar de que la situación de los derechos humanos en México desde 2006 se ha deteriorado dramáticamente, la UE no ha utilizado la cláusula de derechos humanos establecida el Acuerdo Global para implementar medidas como consultas oficiales o la suspensión (parcial) del acuerdo. Así pues, desde el año 2006 en el marco de la „guerra contra las drogas“ emprendida por el Estado Mexicano han muerto más de 150.000 personas y ocurrido 30.000 casos de desaparición forzada.

“Modernización” – al margen de la sociedad

Desde junio de 2015, la UE y México conducen negociaciones para la „modernización“ del Acuerdo Global. Las líneas de negociación esbozan una amplia agenda sobre temas como inversión, servicios, compras públicas, propiedad intelectual, energía y materias primas.

Industria de semillas y pesticidas amenaza la diversidad

Bayer México actualmente vende en el país dos insecticidas que están prohibidos en la UE por ser probables cancerígenos y altamente peligrosos para las abejas: “Semevin 350” y “Poncho Super”. Adicionalmente el herbicida “Final Ultra”, vendido en México por Bayer, puede dar lugar a malformaciones en fetos. La UE quiere fortalecer a la industria trasnacional de semillas y pesticidas para facilitar el uso de productos químicos y variedades de alto rendimiento (híbridos o variedades genéticamente modificadas) en la agricultura.

Si la Comisión Europea logra imponer sus objetivos en la negociación, el acceso a las semillas para las comunidades campesinas sería notablemente más difícil y costoso. Así mismo, en las negociaciones en curso, la UE insiste que México reconozca el Convenio Internacional de Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión del año 1991. Esta versión restringe de manera significativa el intercambio de semillas y amenaza la biodiversidad local. Las víctimas serían los cerca de tres millones de campesinos y campesinas, cuya agricultura tradicional es una piedra angular de la seguridad alimentaria del país.

Inversiones: derechos especiales para las corporaciones

Dentro de los puntos más críticos de las negociaciones entre la UE y México está la pretensión de la UE de incluir en el nuevo tratado la protección de la inversión y los cuestionados mecanismos de solución de controversias inversor-Estado. En el Acuerdo Global de 2000 no existen tales regulaciones. En caso de que prevalezca la voluntad de la UE, las regulaciones en materia de inversión serán diseñadas de tal forma, que las empresas podrían demandar una indemnización si sus „expectativas legítimas“ fueran limitadas debido a cambios en la legislación o a nuevas regulaciones.

Fiebre del oro en el sector energético

Desde que en 2014 se abrieron los sectores petrolero y eléctrico a las empresas privadas nacionales y extranjeras existe una fiebre del oro entre las corporaciones transnacionales. Por primera vez (en casi) 80 años, las empresas privadas pueden invertir directamente en la exploración y producción de petróleo y gas. Dentro de los contratos de exploración y producción licitados se encuentran yacimientos On- y Offshore, entre ellos, los particularmente difíciles de explorar yacimientos de petróleo en aguas profundas y las importantes formaciones de gas de lutita en el país.

Numerosas comunidades locales se resisten a la extracción de gas de lutita, principalmente debido al método de extracción conocido como “Fracking”, que es altamente nocivo para el medio ambiente y puede conducir a la contaminación de los mantos acuíferos. Porque el gobierno mexicano teme que los conflictos con las comunidades podrían disuadir a los potenciales inversores (extranjeros), fue creada una nueva fuerza policial de 5.000 hombres. „Uno de los objetivos fundamentales en la creación de la Gendarmería como parte de la policía federal es enviarlos a las zonas de actividad económica – y esto, sin duda, también aplica para la industria energética- en la medida en que sea necesario“, comentó el canciller mexicano Luis Videgaray.

El tratado comercial „modernizado“ tiene como objetivo facilitar el acceso de las empresas europeas al sector energético mexicano. Adicionalmente, haría prácticamente irreversible la liberalización del acceso a los mercados que estableció la reforma energética realizada por el Estado mexicano en 2014. Si las negociaciones avanzan de acuerdo a la posición de la Comisión Europea, el tratado también dificultaría significativamente la regulación de los precios de electricidad y combustibles en México, lo cual obstaculizaría una política energética a favor de los sectores más empobrecidos. Los acontecimientos recientes demuestran que esta reforma conlleva una conflictividad social potencial muy importante. Si una futura administración de gobierno en México pretendiera realizar un cambio de orientación social y ecológica en la política energética, el nuevo tratado comercial establecería límites estrictos para ello. Los derechos laborales quedan en el camino.

Frente a las violaciones a los derechos laborales por parte de las empresas europeas en México, sería necesario que el Acuerdo Global “modernizado” tuviera cláusulas sociales efectivas y con capacidad vinculante, como lo solicitaron algunos Estados miembros de la UE. Esta importante preocupación no sólo es rechazada por la Comisión Europea, sino que además la Comisión se niega a entrar en un diálogo con el gobierno mexicano para mejorar la situación de los derechos laborales.

Demandas

A la luz de los riesgos esbozados anteriormente no parece justificable pactar la culminación del nuevo tratado comercial entre la UE y México.

El objetivo de la nueva negociación debería consistir en eliminar las deficiencias sociales, ambientales y de derechos humanos del Acuerdo Global existente. Con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, el tratado no debe contener obligaciones comerciales más severas en materia de inversiones, propiedad intelectual o energía. Las exigencias de la UE dejan claro que estas „modernizaciones“ sólo exacerban los déficits sociales y ambientales.

Las posibles consecuencias del nuevo tratado comercial, hasta ahora, no han sido suficientemente analizadas por parte de las autoridades. Por ello, antes de continuar con las negociaciones, se requiere una amplia evaluación de impacto en materia social, ambiental y de derechos humanos. Esto debe hacerse con la participación de la sociedad civil mexicana y europea.

Un énfasis particular debe estar en el fortalecimiento de la cláusula democrática (cláusula de derechos humanos). Esta debe ser complementada con un mecanismo de denuncia de fácil acceso y con instancias de supervisión eficaces. La cláusula debe convertirse en un instrumento operativo que permita la puesta en marcha de consultas de gobierno en caso de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, de manera mucho más ágil en comparación con lo que actualmente ocurre.

En la nueva negociación debería ser excluida la demanda de adaptar los derechos de propiedad al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión de 1991. Esto pone en peligro el intercambio libre de semillas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. En su lugar, la UE debería apoyar iniciativas para preservar la diversidad de cultivos en México.

La UE no debería consolidar, por medio de tratados comerciales internacionales, la reforma del Estado mexicano en el sector energético. Esta reforma contiene una importante conflictividad social potencial por la amplia apertura de acceso al mercado y las restringidas posibilidades de regulación.

La UE no debería incrementar, a través de un tratado comercial, las posibilidades de demanda de las empresas transnacionales en contra de México.

Para poder tomar medidas eficaces contra violaciones laborales y de derechos humanos en la industria de exportación, el capítulo de sostenibilidad previsto en la modernización del tratado debe ser equiparado con el resto de las secciones y debe subordinar al mecanismo de solución de controversias. Las eventuales sanciones deben dirigirse contra violaciones de los derechos laborales cometidas por gobiernos y corporaciones. Por otra parte, el capítulo de sostenibilidad requiere también de instancias efectivas de monitoreo, vigilancia y denuncia.

 

Más información:

Los derechos humanos en el olvido

La renegociacion del tratado comercial UE-México

Autor: Thomas Fritz

Publicado por: Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR, Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, Forschungs-und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. Berlin, Mayo 2017

ISBN 978-3-923020-75-1

Traducción al español de este borrador: Jürgen Moritz, CMDPDH y Aldo Beretta, FDCL