Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.– Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.

Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armas y casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba.

Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.

Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.

Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.

Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(…) asegurar que los familiares (…) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.

Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.

En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales.

Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.

Organizaciones firmantes:

8th Day Center for Justice

67 Sueños – Estados Unidos

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador

Amnistía Internacional

Asociación Nicaragua en Duesseldorf – ALEMANIA

Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania

Carea e.V – Alemania

Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala

Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Chinese Progressive Association – Estados Unidos

Climate Justice Alliance – Estados Unidos

Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador

Collettivo Italia Centro América – Italia

Comité Campesino del Altiplano – Guatemala

Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala

Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala

Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) – Canadá

Common Frontiers – Canadá

Corporate Accountability Lab – Estados Unidos

Diakonia

Earthworks – Estados Unidos

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala

Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe

Foro Honduras Suiza

Francia América Latina – Francia

Front Line Defenders

Fundación para el Debido Proceso

Grassroots Global Justice Alliance

Grassroots International

Green Peace

Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos

HEKS / EPER

Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala

Human Rights Defenders Project – Estados Unidos

Indigenous Environmental Network

Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)

Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación – Austria

International Service for Human Rights (ISHR)

JASS Mesoamérica

Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Migrant Justice

“La Otra” Cooperativa – Guatemala

MISEREOR – Alemania

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) – Estados Unidos

Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos

Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia – Alemania

OXFAM

Peace Watch Switzerland

Plataforma Urbana – Guatemala

Protection International

Red Comunitaria Guatemalteca – Canadá

Right to the City Alliance – Estados Unidos

Rights Action

Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala

Share Foundation – Estados Unidos

Southern Maine Workers Center – Estados Unidos

Todos por Guatemala – Canadá

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala

United Electrical Workers of America – Estados Unidos

United for Mining Justice – Canadá

UPROSE – Estados Unidos

Women’s Organizing Network – Estados Unidos