La Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras viene siendo promocionada oficialmente como una de las demostraciones de “voluntad de paz” del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Pensada como engranaje en la política transicional que facilite el paso hacia un escenario de posconflicto, esta ley enuncia como objetivo principal el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano (después de que el gobierno antecesor negara su existencia por dos periodos consecutivos de mandato) y de sus derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, con garantías de no repetición. Entonces, no sólo se reconoce oficialmente la existencia del conflicto, y de sus víctimas, sino que se pretende hacer realidad su reparación integral.
Esta demostración de voluntad es representativa por lo inusual, pero extraña y debatible en tanto existen una serie de factores que dificultan su implementación integral; en otras palabras, la formulación de una norma que de por sípresenta varias inconsistencias a lo largo de las casi 80 páginas de su extensión1no implica su exitosa puesta en práctica. Menos aún cuando pensada para una situación transicional, en Colombia persiste el conflicto que no sólo es armado, sino fundamentalmente político y socioeconómico.
Después de un poco más de un año de iniciada su implementación, ya son varios los informes que evalúan las potencialidades y desafíos de la Ley 1448 de 2011. Desde las lecturas oficiales que suelen consistir en un compilado de cifras sin mayores referencias al contexto2, pasando por otros esfuerzos realizados por medios de comunicación nacionales como el Informe Revista Semana que se enfocan hacia la ilustración de las cifras con un despliegue mediático importante de “hechos victimizantes más no de los fondos de la victimización”3, hasta informes realizados por ONGs y organizaciones sociales que trabajan por el respeto de los derechos humanos y encaminan esfuerzos para presionar al Estado colombiano en el cumplimiento de sus obligaciones, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido objeto de intenso debate por diversos sectores nacionales e internacionales.
Este estudio pretende contextualizar la Ley 1448 de 2011, enmarcando las discusiones que ésta ha suscitado en relación con su ámbito espacial de aplicación: el campo colombiano. Y a partir de ello esbozar unas conclusiones que sirvan como referentes a la hora de evaluar unas intenciones a favor de las víctimas (fundamentalmente rurales) cuya fuerza resulta ser más retórica que práctica, en tanto se ven limitadas por el modelo de desarrollo económico imperante, que termina por impedir la reparación integral de esas víctimas que se dice defender.
Particularmente es de interés profundizar en el proceso de restitución de tierras y en sus posibilidades reales de alcanzar sus objetivos, teniendo como referencia los recientes escándalos asociados al modelo desarrollista, extractivista y excluyente impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos, a saber: i) el acaparamiento de tierras en la Altillanura colombiana y otras regiones del país como Montes de María, ii) los esfuerzos del gobierno por desmontar los pocos instrumentos jurídicos de defensa de los territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos en el país y iii) el manejo represivo del descontento social frente a la imposición del mencionado modelo desarrollista, tomando como ejemplo el reciente Paro Nacional Agropecuario, lo que evidencia la incomprensión gubernamental de la complejidad del conflicto que no sólo es armado y que es agravado por diversas medidas y decisiones oficiales.
Este documento de discusión también pretende llamar la atención sobre el papel de la comunidad internacional que a través de distintas acciones ha ayudado a la defensa de los derechos humanos o por el contrario, a atizar el conflicto colombiano.
Paula Martínez Cortés
Integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales “Theseus” del Departamento
de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
de Colombia. Actualmente estudiante de maestría en Desarrollo Rural Local, del programa
AgrisMundus de la Unión Europea (2012-2014).
Inhalt
Introducción
1. Contexto de conflicto socioeconómico, político y armado interno en Colombia
2. Serias violaciones de derechos humanos y negación del conflicto por parte del gobierno anterior (2002-2010)
3. Gobierno de Juan Manuel Santos encargado de limpiar la imagen de Colombia para continuar con un modelo de desarrollo aperturista y extractivista
4. Muestras de “buena voluntad”: Ley de Víctimas y negociaciones de paz como retórica inconsistente
5. Debates en torno a la Ley 1448 de 2011 más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia
5.1 Una Ley de posconflicto en medio del conflicto
5.2 Una Ley transicional que oscila entre los anhelos de paz y se enfrenta a la persistencia de la guerra e impunidad
5.3 Trato discriminatorio de las víctimas por parte de la Ley que pretende reconocerlas
5.4 Entendimiento parcializado del criterio de “sostenibilidad fiscal” se impone sobre la reparación a las víctimas
5.5 Restitución de tierras: consenso entre defensores de modelos de desarrollo opuestos
5.6 ¿Recuperar la tierra para morir por ella?
6. Favorecimiento del acaparamiento de tierras: dos casos ejemplares
6.1 Caso de acaparamiento de tierras en la Altillanura colombiana o región Orinoquia
6.2 Caso Montes de María en los departamentos de Bolívar y Sucre
7. Conclusiones
8. Bibliografía
Referencias
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Autora: Paula Martínez Cortés
Diseño: Monika Brinkmöller
Impresión: Copy House
Foto: svenwerk / flickr.com
© FDCL, Berlin, Diciembre de 2013
Producido con el apoyo financiero de la Comisión Europea.
Las opiniones expresadas son las de la autora y no de la CE.
Publicado por FDCL y TNI para la alianza ‘Hands off the Land’
