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El Acuerdo Final de Paz, producto de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano del expresidente Santos y la ex guerrilla de las FARC-EP y firmado a finales de 2016, propone un modelo de justicia transicional muy ambicioso, pues se plantea un sistema integral que combina varios componentes extrajudiciales y uno judicial, pero que, además, se relaciona con otros puntos del Acuerdo Final, que pretenden abonar en la solución a problemas estructurales que han sido causa y consecuencia del conflicto. De esta manera, por ejemplo, bajo un concepto amplio de lo que significan las reparaciones y garantías de no repetición, el Acuerdo Final pretende abordar también el problema del acceso al derecho a la tierra, y el del manejo de cultivos ilícitos.
El componente judicial dentro de los diferentes mecanismos planteados por el Acuerdo Final, es decir la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, ha contemplado la participación de las víctimas, teniendo en cuenta que a nivel internacional hay una tendencia de apertura a dar un rol más activo a las víctimas en contextos de justicia transicional y derecho penal internacional. Esta tendencia, está basada en la idea de que la participación de las víctimas en procedimientos penales tiene el potencial de aportar en la dignificación de las víctimas, y que es además una forma de satisfacer su derecho a la verdad. Por otra parte, se asume que esta la participación es una posibilidad para que las víctimas tengan formas de incidir en las reparaciones e incluso es una medida para hacer investigaciones más eficaces.
Si bien, desde la comunidad internacional el Acuerdo Final ha sido aplaudido casi de manera unánime, a nivel interno de Colombia ha sido más bien foco de tensiones, polarización y enfrentamientos tanto en la sociedad civil, como en el ámbito político. Precisamente, dentro de la retórica de los derechos de las víctimas y la centralidad de las mismas, hay interpretaciones en disputa que, aunque no necesariamente provienen de las víctimas y sus organizaciones, han servido para dividir a la sociedad en nombre de estas. Bajo el actual gobierno del presidente Duque, algunas tensiones se han agudizado no solo en el plano retórico, sino a través de iniciativas legislativas, medidas presupuestales, y estrategias políticas concretas. Tales medidas, tienen todo el potencial de ir en detrimento de lo que hasta ahora se ha implementado en el Acuerdo, y, por ende, afectar las posibilidades de satisfacción de los derechos de las víctimas.
Juliette Vargas es abogada de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un Máster en Derecho (LLM) de la Universidad Humboldt de Berlín. Su experiencia académica y profesional se ha enfocado en temas de derecho internacional público tales como el derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como en temas del derecho ambiental. Ha trabajado desde la investigación y el litigio estratégico con organizaciones como el Centro Europeo de Derechos Humanos y constitucionales de Alemania (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Corporación Jurídica Yira Castro. En los últimos años ha trabajado en temas relacionados con la Justicia Transicional y los retos de su implementación en Colombia. Adicionalmente ha realizado estudios profesionales en música en Colombia y Alemania. Actualmente, se desempeña como colaboradora científica del Instituto Colombo-Alemán para la Paz- CAPAZ, y del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano-CEDPAL. Asimismo, actualmente es candidata a doctora de la Universidad de Göttingen, bajo la supervisión del profesor Kai Ambos.
En este contexto, este espacio se abre para discutir y analizar las implicaciones reales de estas tensiones para los derechos de las víctimas, y los desafíos que se perfilan para las víctimas, dentro de la lógica del actual gobierno. Así mismo, como corolario de lo anterior, analizaremos las alternativas y posibilidades que se han propuesto desde la sociedad civil para defender los derechos de las víctimas.
La charla se llevará a cabo en español.
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Das Ende 2016 unterzeichnete Friedensabkommen enthält ein sehr ehrgeiziges Modell der Übergangsjustiz. Es beinhaltet ein umfassendes System, das mehrere außergerichtliche und gerichtliche Komponenten vereint; diese hängen wiederum mit anderen Vereinbarungen des Abkommens zusammen, die auf Lösungen der strukturellen Probleme, die Ursache des Konfliktes waren, abzielen. Das schließt Fragen nach Reparationen, Garantien der Nichtwiederholung, Recht auf Land u.a. ein.
Obwohl das Abkommen von der internationalen Gemeinschaft fast einstimmig begrüßt wurde, war es intern in Kolumbien eher von Spannungen, Polarisierung und Konfrontationen sowohl in der Zivilgesellschaft als auch auf politischer Ebene begleitet. Gerade im Rahmen der Diskussion um die Rechte der Opfer und ihrer zentralen Bedeutung gibt es umstrittene Auslegungen, die die Gesellschaft spalten. Unter der gegenwärtigen Regierung von Präsident Duque haben sich einige Spannungen nicht nur auf rhetorischer Ebene verschärft, sondern auch durch Gesetzesinitiativen, Haushaltsmaßnahmen und konkrete politische Strategien. Solche Maßnahmen können sich negativ auf die bisherige Umsetzung des Abkommens auswirken und daher die Möglichkeiten zur Gewährleistung der Rechte der Opfer beeinträchtigen.
In der Veranstaltung wird der Raum geöffnet, um die Auswirkungen dieser Spannungen auf die Rechte der Opfer und die daraus folgenden Herausforderungen zu diskutieren und zu analysieren, die sich durch die gegenwärtige Regierung abzeichnen. Ebenso werden wir die alternativen Vorschläge der Zivilgesellschaft analysieren, um die Rechte der Opfer zu verteidigen.
Juliette Vargas ist Rechtsanwältin bei der Universidad Nacional de Colombia und hat einen Master of Law (LLM) der HU Berlin. Sie hat zu Themen des internationalen Strafrechts, internationalen Menschen- und humanitärem Völkerrecht sowie umweltrechtlichen Fragen gearbeitet. Sie arbeitete beim ECCHR in Berlin, CAJAR und der Corporación Jurídica Yira Castro in Kolumbien.
Aktuell arbeitet sie zu Fragen der Übergangsjustiz und den Herausforderungen ihrer Umsetzung in Kolumbien. Derzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Instituto Colombo-Alemán para la Paz- CAPAZ und dem Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano-CEDPAL. Darüber hinaus ist sie Doktorandin an der Universität Göttingen unter der Leitung von Professor Kai Ambos.
Die Veranstaltung findet auf Spanisch statt. Bei Bedarf kann eine Flüsterübersetzung gestellt werden.
