Toromocho

El yacimiento fue descubierto en los años 20 del siglo XX. Actualmente se encuentra en proceso de exploración y se viene adquiriendo propiedades (viviendas, tierras, etc.) a terceros para iniciar la construcción de la mina. Se prevé que inicie operaciones en el año 2011.
Con la adquisición del yacimiento por Perú Copper (2003), empezó la adquisición de viviendas a propietarios del pueblo de Morocha y tierras a la comunidad de Yauli para la construcción de una cancha de relaves. El desarrollo del proyecto implica la reubicación de la ciudad de Morococha y se desarrollaron diversos talleres informativos a la población. En el 2004, un sector mayoritario de pobladores („Los inquilinos“) solicitó a su alcalde discutir el tema. Entonces se realizarían diversos talleres informativos y de planteamiento de propuestas para la reubicación, y se constituyo el Comité Multisectorial integrado por 28 organizaciones sociales del distrito.
El proyecto Toromocho, es un yacimiento de tipo porfírico (cobre esparcido) por lo que su explotación mas apropiada será a tajo abierto. Por el tamaño del tajo proyectado es necesario reubicar la zona urbana de Morococha (Junin)

En 1998, la entonces propietaria del yacimiento reporto que en Morococha existían 657 viviendas. El área urbana es de aproximadamente 34 hectáreas y alberga a aproximadamente mil familias y/o 9 mil habitantes, que deberían ser reubicados.

En febrero de 2004, cuando se conocieron los planes de la empresa Minera Perú Copper, comenzó la discusión en el pueblo sobre el futuro de Morococha.

En agosto del 2006 la Municipalidad Distrital realizó una audiencia pública para consultar la aceptación u oposición a la reubicación de Morocoha; cerca de 700 pobladores asistieron, 617 se pronunciaron a favor de la reubicación y 10 en contra.

Con el fin de concretar el acuerdo se elaboraría un plan de reubicación. Se debatieron tres propuestas: el anexo Llantempampa, la hacienda Pucará y la zona de Pachachaca; la mas favorable sería Pachachaca (en un área de 82 ha.) por ubicarse en una planicie, a menos altura y por su cercanía con la ciudad de La Oroya.

La población exigía que la nueva zona tuviera todas las condiciones para la reubicación, como una vivienda, los servicios básicos, infraestructura educativa y pública; así como empleo y compensaciones económicas.

De igual manera, a través de la Municipalidad Distrittal y el Comité Multisectorial sostenía que el contrato de transferencia por el que Minera Perú Copper (adquirida por Chinalco en 2007) ejercía la opción de compra no consideró la propuesta de convenio marco para la compensación urbana y que por el contrario continuaban con su plan de compra de casas presionando a propietarios e inquilinos.

Los pobladores no se oponían al proyecto minero pero como afectados por el reasentamiento consideraban que la empresa obligatoriamente debe exponer el Estudio de Factibilidad, Estudio de Impacto Ambiental y el Plan del Reasentamiento de la ciudad y brindar justas indemnizaciones y compensaciones. Ello en el marco de un proceso de dialogo.

La empresa minera no pretende discutir una propuesta de reubicación integral. Su estrategia es el trato directo con los propietarios y la compra de viviendas. Esta situación deja en desventaja al sector mayoritario que viene a ser los inquilinos. Se sabe que la empresa invertirá 40 millones de dólares en la construcción de 1,200 viviendas para la reubicación de Morococha.

De acuerdo con la versión de los afectados, el Estado esta casi ausente en el conflicto; salvo la intervención de la Defensoría del Pueblo o el Gobierno Regional de Junín y algunos congresistas.