Tia Maria

En el proyecto Tía Maria de la empresa Southern Copper Corporation (SCC), se invertirían más de US$ 950 millones y tendría una duración de 21 años para extraer cobre a través de dos tajos abiertos; así mismo utilizaría las aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarán en el Valle del río Tambo.

Desde el primer trimestre del 2009, los pobladores locales hacen pública su denuncia contra el proyecto minero y señalan que afectaría la disponibilidad de agua, lo cual limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika en el valle del río Tambo. Esta situación motivó la oposición de los pobladores al proyecto minero que se organizaron en el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En julio del 2009, por su parte la empresa, en el marco de los procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas, presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El estudio debía ser presentado en audiencia pública a fines del mes de agosto a la población del distrito de Cocachacra. Sin embargo el día de la presentación (27 de agosto) debido a la oposición masiva de la población la audiencia fue suspendida. Posteriormente las autoridades locales iniciaron la convocatoria a una consulta vecinal para decidir sobre la realización del proyecto minero.

La consulta vecinal fue convocada por los gobiernos municipales de los distritos de Cocachacra, Islay-Matarani, Mollendo, Punta de Bombón, Dean Valdivia y Mejía; las autoridades emitieron la Ordenanza Municipal que convoca a la consulta como mecanismo democrático para recoger el sentido de la población sobre un posible inicio de las actividades mineras. El 27 de septiembre se realizó la consulta vecinal donde el 97% de la población que participo de la consulta se manifestó en contra del proyecto minero.

A pesar de la legitimidad de la consulta, las autoridades no sólo la desconocieron, sino que convocaron a una audiencia pública para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa y avalado por el gobierno. Sin embargo, en abril del 2010, cientos de agricultores y pobladores de la zona tomaron la carretera Panamericana Sur durante 6 días, señalando que el EIA no respondía al cuidado ambiental del valle. El Frente de Defensa del Pueblo de Islay realizó cerca de 3 mil observaciones al EIA. El resultado fue que el gobierno declaró la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del Río Tambo. Sin embargo, la empresa siguió arremetiendo con todo y tratando bajo todas las medidas posibles, que el EIA sea aprobado.

La masiva resistencia comunitaria que generó esta arremetida de la empresa y el gobierno central, movilizó y generó por varios meses varias movilizaciones y paros generales en la región, con una fuerte represión y criminalización por parte de las fuerzas policiales. Desde fines de marzo del año 2011 se inició un paro indefinido y generalizado de la comunidad, que buscaba el rechazo definitivo del EIA del proyecto, lo que dejó tres víctimas fatales (Aurelio Huarcapoma de 50 años; Nestor Cerezo de 31 años ; y Andrés Taype de 22 años) y varias decenas de heridos-as. Este hecho sangriento movilizó la opinión pública de todo el país y la opinión internacional, y finalmente el ejecutivo se vio en la obligación de considerar inadmisible el estudio de impacto ambiental, el cual contaba con 138 observaciones y más de 3.000 observaciones por parte de la comunidad.

A fines del año 2012, la empresa volvió a aparecer, señalando que volvería a presentar un nuevo EIA del proyecto Tía María, luego de que fuera rechazado su primer intento, lo que generó inmediatamente la movilización de la comunidad que rechaza el proyecto minero y que considera que sus actividades productivas agrícolas no son compatibles con la mega minería. Detenidos, uso desmedido de fuerza policial, criminalización, huelga de hambre, entre otras manifestaciones realizaron los comuneros y comuneras. A pesar de esto, el 4 de agosto del año 2014, el MINEM aprobó el EIA, donde se proyecta que el proyecto comience a operar el año 2016.

Las comunidades de Islay siguen en alerta y resistencia, movilizandose constantemente, a pesar de lo inconstitucional de haber aprobado el EIA del proyecto.