Quimsacocha

Las movilizaciones en la parroquia Victoria del Portete, en la provincia del Azuay contra la compañía minera canadiense Iamgold y su proyecto Quimsacocha ubicado a 40 km de la ciudad de Cuenca, se dan por la preocupación de los pobladores de la zona sobre los efectos que una explotación de oro, cobre y plata, puede tener sobre la calidad del agua del Río Falso, que utilizan para sus actividades pecuarias.
En 2007, empezó el estudio de pre-factibilidad para el proyecto, el cual tuvo que ser
modificado en noviembre del mismo año, cuando Iamgold acordó ceder 3.220 has de la propiedad en Quimsacocha bajo un pedido del Estado para asegurar la protección de la cuenca de agua regional bajo presión de los pobladores locales. Los pobladores de Victoria del Portete, comunidad cercana al proyecto Quimsacocha han sido desde la entrada de la empresa, constantes animadores de movilizaciones. Es así que en junio de 2007 al producirse un levantamiento nacional en contra de las empresas mineras trasnacionales, sus representantes organizaron encuentros denominados ?diálogos por la vida? que en 2008 llevaron el manifiesto de la CNDVS a la Asamblea Nacional Constituyente en el cual se pedía convertir al Ecuador en un país libre de minería a cielo abierto, posición compatible con aquella del presidente de el Asamblea Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas.
En Azuay la situación de la minería ha acercado a varios actores de distintas provincias, permitido la realización de eventos de información y capacitación e inclusive el intercambio de criterios con las autoridades locales y nacionales sobre la conexión que tiene la actividad minera con otras obras que condicionan los planes de desarrollo autónomos de las localidades. Ante esta situación, el gobierno de Rafael Correa empezó en 2007 un proceso de reformas al sistema de gobernanza minero que tome en cuenta estas interacciones.
Sin embargo este diálogo parece más una estrategia de las transnacionales que la acogida a una voluntad ciudadana, pues no hay avances reales, las empresas mantienen sus proyectos intactos y han comenzado casos de amenazas y detención y procesamiento arbitrario a los dirigentes.