La Lupe

De acuerdo con las manifestaciones de impacto ambiental que aprobó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la empresa pretendía reactivar una antigua mina de la comunidad de Tlamanca llamada “La Lupe”, de la cual extraería 1 kilo de oro al día. En Noviembre de 2012, los habitantes de las 32 comunas del municipio acudieron a una asamblea general, donde tomaron la decisión de cerrar la mina, luego de que el 3 de noviembre, 240 de los 272 habitantes de Tlamanca poblado donde se encuentra la mina, rechazaran su reapertura y exigieran el cierre del camino público al presidente municipal, cortando así la entrada de maquinaria y camiones a las instalaciones mineras. Este mes (noviembre), unos 6 mil habitantes, de un aproximado de 20.000 en todo el municipio, se reunieron en las afueras de las instalaciones de la mina, para elaborar un documento resolutorio en el cual le dieron un plazo máximo de 48 horas para que los trabajadores y representantes de la minera abandonen el municipio. La oposición se debe al temor de que las operaciones de la minera contaminen el río Apulco con los químicos que utilizará en la extracción de tierra. El encargado de la Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT), le dio razón a la comunidad, declarando: „Tanto Zautla, como Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo son puntos de riqueza ambiental, en la cual se tienen identificadas especies endémicas forestales, es importante que los propios pobladores de la región tengan esta responsabilidad de la preservación. Sin embargo, señaló que no se deben prejuzgar todos los proyectos mineros como malos, sino que debe analizarse cada uno de manera objetiva y aceptar cuando cuenten con elementos que de verdad impliquen un detonador de economía sustentable. Los encargados del proyecto de extracción se quedaron sin opciones: los habitantes y la autoridad municipal determinaron en esta asamblea no conceder los permisos de uso de suelo, de construcción ni uso de explosivos, sin los cuales la compañía no puede continuar con los trabajos, pese a que cuenta con la autorización del gobierno federal.

Fuente: Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade-EJOLT