La Colosa

Organizaciones internacionales han documentado el compromiso de la AngloGold
Ashantí (AGA) con estructuras armadas y crímenes ejecutados en diferentes países, a
fin de garantizar su ingreso y el desarrollo de explotaciones en gran escala. Diferentes
denuncias de organizaciones sociales y de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia
han demostrado que la situación en el país, especialmente en el Sur de Bolívar,
parece responder a patrones similares. Coincidentemente, las áreas donde se hacen
las solicitudes de contratos de concesión por parte de la Sociedad Kedahda S.A., filial
de AGA, corresponden a lugares en los cuales, desde el año 1995, estructuras
paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, actuando conjuntamente, han
ejecutado de manera sistemática crímenes de lesa humanidad. Kedahda ha hecho
1.216 solicitudes en 21 Departamentos y 336 Municipios. Su principal influencia se da
en Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Huila y Chocó. Antioquia y Bolívar representan
el 32% de las solicitudes existentes. Entre julio de 2004 y septiembre de 2007
Kedahda y sus asociados en riesgo compartido han explorado sistemáticamente 6.32
millones de hectáreas. En la actualidad controlan aproximadamente 4.2 millones de
hectáreas en el país, de las cuales 2 millones pertenecen a Kedahda. Un análisis
comparado de los municipios en los que existen profundos intereses de la
multinacional con los municipios en los cuales ha existido un posicionamiento del
paramilitarismo, que ha atentado de manera directa y sistemática contra la población
civil a través de diferentes acciones (ejecuciones extrajudiciales, torturas, despojo de
pertenencias, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado), muestra que más
del 99.9% de los mismos resultan coincidir.

Durante el periodo 1988-2006, 5.438 personas fueron víctimas de crímenes de lesa
humanidad y 610.110 personas fueron objeto de expulsión y apropiación de sus
territorios por parte de paramilitares en lugares donde AGA desarrolla o busca llevar a
cabo proyectos mineros. En las regiones de Colombia donde AGA tiene previsto
desarrollar labores de exploración y explotación en el período más reciente (2005
hasta hoy), se han intensificado los procesos de militarización. Los casos más críticos
se han presentado en Tierradentro (Cauca), Remedios y Segovia (Antioquia), Quinchía
(Risaralda) y el Sur de Bolívar. La militarización de estas regiones además de
desplazar a las fuerzas guerrilleras, busca desterrar a los nativos que se convierten en
una verdadera molestia a la hora de privilegiar el saqueo transnacional. Estos
procesos de militarización han venido acompañados de sistemáticas violaciones a los
DDHH, bloqueos alimenticios y de insumos de trabajo para el desarrollo de las
actividades agropecuarias, así como de acciones que desconocen el principio de
distinción, establecido en el DIH. Sumado a ello, continúan las detenciones de líderes
sociales, políticos y comunitarios, como estrategia para debilitar y romper los procesos
organizativos. Son 4 las modalidades de operación de AGA en Colombia y su
aplicación parece un libreto similar en África, Asia y al resto de América Latina:
beneficio de la represión, como mecanismo para garantizar sus procesos de
explotación; utilización de la Fuerza Pública, como parte de su departamento de
seguridad; adecuación de la legislación interna (nacional o regional) a los intereses de
la transnacional; congelamiento de territorios como un acto de despojo.
Los municipios de Bolívar y El Peñón se ubican en el sur del departamento de
Santander, justo en el extremo suroriental de la región del Magdalena Medio (valle
interandino), en donde se conectan los departamentos de Bolívar (al noroccidente),
Cesar (al nororiente) y Antioquia (al occidente). La población de la región del
Magdalena Medio ha padecido históricamente las inclemencias de la guerra
colombiana y, específicamente, desde el año 2004 ha enfrentado bloqueos
económicos, alimentarios, sanitarios y de movilización por parte de grupos paramilitares.
Allí, las violaciones a los DDHH y al DIH son producto de conflictos de
intereses que están asociados a las fumigaciones del Plan Colombia, la
implementación de megaproyectos de comunicación (terrestre, fluvial y ferroviaria), el
desarrollo de proyectos agropecuarios y agroindustriales, y la extracción de minerales,
hidrocarburos y metales. En este contexto de riqueza natural y de condiciones aptas
para el cultivo y la ganadería, el gobierno nacional ataca sistemáticamente a
asociaciones civiles como el PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio) o el OPI (Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio) con
intervenciones militares que se articulan con acciones paramilitares. Los dirigentes de
estos grupos han sufrido señalamientos e intimidaciones mientras la región padece los
bloqueos y los desplazamientos. En el período 1994-2007 fueron expulsadas 116.453
personas de los municipios de la región del Magdalena Medio. Los momentos en los
que estas expulsiones se han intensificado han sido entre 1999 y 2002 (año de llegada
de AGA al país) y entre 2004 (año de asentamiento de AGA en la zona) y 2007. En
esta misma región, entre 2005 y 2007, se han cometido 1.067 actos de violencia
política y social, cuyas formas más destacadas son la ejecución extrajudicial (406
casos), la detención arbitraria (98 casos), la amenaza individual (86 casos), asesinato
(84 casos), herida (65 casos), tortura (51 casos) y amenaza colectiva (46 casos).
Entre 2005 y 2007 se registraron 60 combates entre los actores armados del
departamento de Santander. La porción de este Departamento que hace parte del
Magdalena Medio se caracteriza por tener buenas posibilidades para la explotación
aurífera, maderera, petrolífera, carbonífera y de uranio, razón por la cual experimenta
disputas por proyectos de explotación multinacional, pero también por territorios para
el cultivo, comercio y tráfico de coca. Según el OPI, los municipios de Bolívar y El
Peñón han sido una de las zonas del Magdalena Medio con menores problemas en
materia de violación de Derechos: allí se registraron 87 y 114 muertos
respectivamente, por razones políticas entre 1997 y 2007, y 2 y 3 acciones bélicas
entre 2005 y 2007. Por otro lado, estos son unos de los municipios con menor
recepción de personas desplazadas en la región (89 y 39 respectivamente, entre 1998
y 2007). Entre 2006 y 2008 fueron expulsadas 492 personas de El Peñón y las
amenazas a sus habitantes viene en ascenso. Ambos municipios, además, enfrentan
otros problemas socioambientales y manejan unas de las cifras más bajas de
indicadores NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) en el Magdalena Medio. Dentro
de los principales aspectos que denuncian sus comunidades se encuentran la
contaminación y la deforestación causada por las recientes exploraciones auríferas,
así como la dificultad de emplear mecanismos de participación local. Desde hace un
par de años, las comunidades de Bolívar y El Peñón han trabajado en diferentes
procesos de empoderamiento local como el Espacio Humanitario del Borroscoso
Carare Opón y la Mesa de Desarrollo Integral del Borroscoso-Opón, en donde se han
discutido diversos temas centrales para la zona como la funcionalidad del tren del
Carare y los impactos mineros. Respecto a este último se ha propuesto la elaboración
de un código de explotación minera por las organizaciones de base; la demanda de
políticas públicas minero-ambientales más eficaces en donde se integre a la población
y se articulen los problemas que conectan a todos los municipios de la región; la
elaboración del modelo de desarrollo sostenible que propenda por el bienestar social;
la exigencia de regalías, de compensaciones económicas por las afectaciones y de la
constitución de una comisión ambiental y minera en el Consejo municipal; la revisión
del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y el respeto del mismo. A nivel
departamental se ha iniciado la creación de un Sistema Ambiental Minero Energético
de Santander (SIAME) y la necesaria intervención de la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) del Ministerio de minas y energía.