Kori Kollo

La transnacional Newmont, una de las mineras de oro más importantes del mundo está en proceso de cierre de su proyecto „La Joya“, ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Oruro. Más de 15 años de funcionamiento dejaron pasivos ambientales denunciados regularmente por las comunidades que habitan las riberas del río Desaguadero, contiguo a la faena. Una de las medidas de cierre adoptadas por la empresa fue dejar que el rajo de la mina se llenara de agua sin más medidas que la neutralización de la acidez mediante la incorporación de cal.

Las preocupaciones de las comunidades se refieren a la afectación del río y las riberas con metales pesados y otros contaminantes. Junto a ello se culpa a la empresa de haber acelerado el proceso de salinización de las tierras ribereñas del Desaguadero.

Actualmente está por comenzar una auditoría externa sobre los impactos de la mina referida. Este proceso de auditoría ha sido en sí un conflicto ya que muchas comunidades han denunciado trafico de influencia de la empresa para evitar la medición de los verdaderos impactos.

Por otro lado, Inti Raymi ha iniciado hace un par de años una nueva actividad minera a sólo un par de kilómetros de la ciudad de Oruro en lo que se puede denominar una zona urbana de la ciudad y a orillas del río Desaguadero.

En este nuevo conflicto que afecta a la misma empresa los cuestionamientos tienen relación a la ubicación de las faenas, muy cerca de la ciudad por un lado y las cercanías del río por otro. Justamente el uso de agua y las infiltraciones con residuos contaminados forman parte de las preocupaciones de comunidades de la ribera y pobladores de la ciudad de Oruro.

La empresa, como una forma de desvirtuar las críticas ambientales que recibe permanentemente, ha desplegado una también permanente y agresiva campaña de comunicación y propaganda que subraya los beneficios que aporta la empresa a la comunidad de Oruro y sus autoridades.

Organizaciones ocupadas de los temas ambientales que denuncian permanentemente a Inti Raymi y apoyan a las comunidades afectadas tal como lo hace CEPA, han sufrido el acoso de sindicatos de la empresa y otros dirigentes sociales de los que se asegura están cooptados por la minera.

Las preocupaciones de los habiantes de la cuenca y de la ribera del Desaguadero organizados en la coordinadora CORIDUP han llevado a realizar diferentes acciones con el objeto de protegerse de la contaminacion y obligar a la empresa a cumplir con la legislacion.