El Salto

Desde el 2002 AngloGold Ashanti (AGA) ha propuesto reformas al Catastro Minero
Nacional con el pretexto de crear una estrategia que ponga a Colombia al nivel de los
países más desarrollados del mundo en materia minera. La Sociedad Kedahda ha
hecho 1.216 solicitudes en 21 departamentos y 326 municipios. Su principal
influencia se da en Antioquia, Bolívar, Huila, Chocó, Cauca y Nariño. Antioquia y
Bolívar representan el 32% de las solicitudes existentes. Entre julio de 2004 y
septiembre de 2007 Kedahda y sus asociados en riesgo compartido han explorado
sistemáticamente 6.32 millones de hectáreas. En la actualidad controlan
aproximadamente 4.2 millones de hectáreas en el país, de las cuales 2 millones
pertenecen a Kedahda. También desde septiembre de 2007 AGA, entre otras cuatro
empresas que operan en Colombia, se adhirió al Pacto Global propuesto por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). No obstante, el accionar
en Colombia de esta multinacional a través de Kedahda parece no distanciarse de los
antecedentes que la han caracterizado en materia de violación de los derechos
humanos en otros lugares del mundo. Diferentes organizaciones sociales y de
derechos humanos en Colombia han denunciado que detrás de la fuerte paramilitarización,
particularmente aunque no exclusivamente, del nordeste antioqueño y
del sur de Bolívar, se observan lo intereses de la AngloGold Ashanti. Esta relación
entre multinacional, Estado y fuerzas militares legales e ilegales, parece buscar no
solo la derrotar militar de las guerrillas, sino también el desalojo de los mineros
artesanales y campesinos para garantizar la implementación de los megaproyectos
mineros que se articulan con megaproyectos forestales y agrícolas (palma, caucho,
cacao). Paralelamente a la implementación de estos megaproyectos se han
introducido reformas a las legislaciones mineras, rurales y forestales para aminorar
los riesgos durante el saqueo y posibilitar mayores niveles de ganancia y
acumulación. Esto parece ser un mismo libreto aplicado al resto de América Latina,
África y Asia.
En Caramanta (departamento de Antioquia) se conocía la explotación minera de
manera artesanal en pequeña cantidad por su cercanía a pueblos mineros como
Marmato (departamento de Caldas). Sin embargo, Caramanta ha sido
tradicionalmente un municipio de vocación agrícola. A partir de 2002, con la
presencia de Kedahda, se han generado cambios en las dinámicas sociales y
laborales de la zona, las cuales han redundado en consecuencias negativas. Muchas
acciones se han realizado simultáneamente: compra masiva de tierras (donde hay un
terrateniente dueño del 70% del territorio municipal), desplazamiento de campesinos,
presencia de fuerza pública en las comunidades, presencia paramilitar, compra de
nacimientos de agua, daños irreversibles del medio ambiente (principalmente suelo y
fuentes de agua) y muertes indiscriminadas (alrededor de 50 personas en 2008). La
ASAP ha denunciado que estas acciones están fuertemente influenciadas por los
intereses de la AngloGold Ashanti. El cambio de la vocación agrícola del municipio,
se ha relacionado también con que las posibilidades laborales están tendiendo a
limitarse exclusivamente a la ganadería y a la minería. La ASAP ha denunciado que
estos cambios han generado intranquilidad y pérdida de la soberanía y de la
autonomía. En las pasadas elecciones se obligó a la población a votar por un
candidato bajo la amenaza de desalojo de tierras y desempleo a quienes no acataran
la orden. Este sometimiento se articula con la descomposición social que padece
actualmente el municipio por el incremento del alcoholismo, la drogadicción, la
prostitución y la mendicidad.
Agenciados por la Kedadha desde 2002, estos cambios en Caramanta parecen
consolidarse y condenar a sus ciudadanos. Si bien el Ministerio de Minas de
Colombia le ha concedido grandes extensiones de tierra a la Sociedad Kedahda en el
Occidente de Caldas y el Sur de Antioquia, quedó un territorio relativamente pequeño
entre Marmato (Caldas) y Caramanta (Antioquia) que no fue titulado a esta empresa.
Si bien la Kedadha estaba detrás del proyecto de El Salto, fue otra compañía la que
se quedó con este. En enero de 2006, a través de la Compañía Minera de Caldas, la
empresa canadiense Goldfields Limited anunció que había hecho dos grandes
descubrimientos de mineralización de oro en Caramanta. Aunque esta empresa tenía
concentrado su interés en Marmato, al mismo tiempo consiguió que el Ministerio de
Minas le titulara para exploración terrenos ubicados en el vecino municipio de
Caramanta, propiamente la extensión que va del casco urbano de este municipio
hasta el río Cauca y que asciende por el río hasta el límite con Marmato. Ni el
gobierno nacional, ni el gobierno departamental, ni la compañía canadiense han
suministrado información oportuna y adecuada del proyecto a las comunidades
afectadas.
Los trabajos de El Salto se ejecutan sobre el predio Sur (en Marmato) y sobre el
predio Norte (en Caramanta). El predio con título minero llamado El Salto Sur está a
solo 3 kilómetros de la base de la montaña de Marmato, donde los mineros
artesanales han operado por 500 años. Se estima que pese a ello todavía la montaña
puede contener cerca de 16 millones de onzas de oro. Adicionalmente, el predio de El
Salto Sur está ubicado cerca a los predios El Salto Norte y la Quebrada Bermejal,
donde han sido recientemente descubiertas grandes zonas mineralizadas. En
general, el macroproyecto de Caramanta promete ser 3 veces más grande que el de
Marmato. La Quebrada Bermejal es el predio más grande de Colombia Goldfields en
el Distrito de la Montaña de Oro de Marmato, abarcando una zona de 1.5 Kms. por 1
km. de masiva mineralización. El descubrimiento está a solo 5.5 kilómetros de la base
de la Montaña de Marmato. A diferencia de Marmato, en Caramanta no se
compromete el casco urbano, pero la circunstancia de que la propiedad de la tierra en
la jurisdicción del municipio está altamente concentrada en un solo titular, facilita la
compra de terrenos por parte de la compañía canadiense. De igual manera, en
Caramanta el desequilibrio entre la compañía multinacional y la comunidad se ve
favorecido por la política oficial de restarle todo apoyo oficial a las Asambleas
Constituyentes. Es casi nulo el beneficio que trae la explotación minera a las
poblaciones que afecta, pues mientras multinacionales como la AGA reciben
utilidades de hasta un 300 o 400 % por la explotación y comercialización de
minerales, un porcentaje muy mínimo retorna a las comunidades que nunca ven llegar
el progreso prometido. Las acciones estatales favorecen del todo a las compañías
mineras que trabajan en la zona. La política de Seguridad Democrática busca
garantizar Seguridad Jurídica para las empresas multinacionales, lo cual se traduce
en la ley de desarrollo rural, la ley forestal, los cambios al código de minas y los
cambios del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Además de la adecuación
legislativa, el Estado provee control militar, control social y la neutralización de las
organizaciones que se resisten a los proyectos mineros.