Cerro Colorado

Desde que llegó a territorio aymara, la compañía BHP Billiton ha incurrido en una serie de irregularidades que han motivado la movilización y la oposición de la comunidad de Cancosa.
A comienzos de la década de los 80 ya se oía hablar en la zona de un proyecto minero que traería bienestar y empleo para la mano de obra local, y de hecho, la empresa se acercó para lograr un convenio de arrendamiento con los lugareños. Sin embargo, al mediar la década, BHP ya mostraba sus garras presionando a los ancianos aymaras para que vendieran o arrendaran sus propiedades, lo que obviamente no fue mirado con buenos ojos por el resto de la comunidad. Una vez instalada la desconfianza, todos los dichos de la minera ponían en alerta a la población, y lo que más sospecha causó fueron los estudios hídricos que la empresa mostró para sustentar el bajo impacto que traería Cerro Colorado.
La descripción de la cuenca que en ellos se hacía no tenía relación con lo que conocían los vecinos, por lo que ésta mandó hacer otro estudio a una entidad independiente, los resultados fueron concluyentes, la empresa mentía.
Sin embargo, Cancosa cuenta con no más de 300 integrantes, por lo tanto el grado de movilización social que podían generar no lograba presionar lo suficiente a los poderes políticos y economicos que estaban coludidos para que el proyecto se llevara a cabo. Por ello optaron por la vía judicial y administrativa.
El conflicto llegó a su punto más álgido cuando el año 2002 la comunidad pudo constatar que la empresa estaba consumiendo 90 litros por segundo de agua, en circunstancias que tenían autorizado 35, como consecuencia de ello, el nivel de agua de la laguna había bajado considerablemente y vertientes de agua dulce del sector y bofedal, se habían secado. La empresa fue multada, se comprometió a mitigar los daños, pero en definitiva sus medidas de mitigación terminaron pudriendo el bofedal, comprometiendo más las aguas de la zona y fomentando la migración mavisa de la comunidad a las ciudades, pues sus fuentes de sustento ya no eran viables.
La comunidad de Cancosa ha llevó su caso hasta al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el compromiso patrimonial que estos daños tienen para el país, sin embrago, al igual que a todas las otras instancias administrativas a las que ha concurrido, el CDE no lo dio respuesta alguna. Fue entonces que optaron por la vía judical y mantienen desde entonces 2 demandas contra Cerro Colorado, una que busca indemnización de perjuicios a causa de daño ambiental (por US 40 millones), interpuesta el 25 de abril de 2006; y la otra, por reparación de daño ambiental, entablada el 18 de abril de 2007.
El 18 de marzo de 2008, la comunidad de Cancosa interpuso una tercera demanda en el Juzgado de Pozo Almonte, comuna en la cual se emplaza el yacimiento minero, pues la empresa ni siquiera ha contestado las otras demandas en Iquique, sino sólo ha presentado recursos dilatorios. Pero nada indica que esta situación arroje resultados satisfactorios, a menos que se generara la suficiente presión social como para evidenciar este descalabro ambiental y social que se vive en medio de nuestras comunidades aymaras.