Catanave

Desde que se planteó la posibilidad de explotar las enormes riquezas minerales que guardan los terrenos del Parque Nacional Lauca, el apetito de inversionistas nacionales y extranjeros dejó en un segundo plano el carácter de área protegida que desde 1970 tiene esa reserva ecológica. La propuesta, contradictoriamente promovida y firmada por el Ministerio de Minería, a través de su titular Sergio Jiménez, permite excluir y desafectar 43 mil 361 hectáreas del Parque Nacional Lauca, convirtiendo en letra muerta el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y pasando a llevar además los planteamientos de la Convención de Washington y del Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas que declaró a la zona como Reserva Mundial de la Biósfera. Aunque estudios preliminares habían hablado de permitir la actividad minera en una extensión entre 24 mil y 39 mil hectáreas del mencionado parque, lo cierto es que el decreto final contempla un territorio mayor al que se había considerado. Con esto, se autorizan las operaciones de yacimientos de oro, plata y cobre, que según estudios de Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería) ocuparían parte de las 354 mil hectáreas protegidas actualmente en Parinacota, de las cuales 138 mil corresponden al Parque Lauca; sectores que se han convertido en los principales atractivos turísticos de la región y que, sin embargo, la ambición por generar mayores recursos pese al costo ambiental que ello implica, pone en serio riesgo. Y es que junto con restar espacio a la flora y fauna nativa, este tipo de proyectos no garantiza en lo más mínimo un desarrollo a la par con el medio ambiente.

Bajo este contexto surge el proyecto minero Catanave, él se proyecta instalar al interior de la Reserva Natural Las Vicuñas, reserva de la Biosfera salvaguardada por la Unesco. Este espacio protegido que resulta ser uno de los más importantes sitios mundiales para la conservación de los frágiles ecosistemas andinos. A pesar de esto, El proyecto fue aprobado en medio de los cuestionamientos al respeto de las normas que protegen su valor medioambiental y a los pueblos indígenas colindantes a la zona.

Según las observaciones presentadas en el proceso de consulta –de acuerdo a la Ley nº 19.300 ley de Bases de Medio Ambiente- tanto la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena como la Municipalidad de Putre, solicitan aclarar los procesos de participación ciudadana de la población indígena, ya que según la normativa internacional vinculante legalmente en Chile, enfatizando en lo contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículos: 1, 6, 8, 15), relevan la necesidad de considerar las opiniones de los pueblos originarios en el desarrollo de este tipo de proyectos mineros en igualdad de condiciones.?

Los pueblos Aymaras y Quechuas siguen clamando No a la Minería organizando distintas acciones, mientras el gobierno chileno les sigue abriendo las puertas a las empresas para saquear el territorio.