Carboriente

Desde 1991 se inició la explotación de carbón en el Páramo del Almorzadero, ubicado
en la Provincia de García Rovira (Departamento de Santander) y del que hace parte el
municipio de Cerrito. Por la misma época las comunidades campesinas del municipio
y la organización CENSAT AGUAVIVA, adelantaron una amplia campaña local y regional para advertir sobre los conflictos e impactos ambientales que tendría la
minería en este territorio. De esta manera, se realizaron talleres de educación ambiental, concienciación sobre la importancia del ecosistema de páramo, asambleas
y movilizaciones de las comunidades. En ese momento, CARBORIENTE debió cancelar sus proyectos. Sin embargo, a principios de este siglo, una empresa nacional inició la explotación ilegal sobre las viejas minas abandonadas. Fue entonces cuando jóvenes de diversos grupos ambientales retomaron la tarea, que se conoció como ?Campaña en Defensa de la vida y el Páramo del Almorzadero? y convocaron a todas las comunidades de la subregión. El empuje de la actividad obligó a la Corporación Autónoma de Santander (CAS) a subir al páramo y a ordenar la suspensión de la
actividad minera nuevamente.
Entretanto los megaproyectos mineros que se volvieron a emprender alcanzaron hasta
200.000 hectáreas de extensión. Por eso las afectaciones a las comunidades de la
Provincia de García Rovira no han cesado: problemas en salud, pérdida de la soberanía del territorio, pérdida de la identidad cultural, problemas ambientales y
violaciones a los DDHH por acciones de grupos armados ilegales. Las empresas que
han explotado el territorio son COMANTRAC, MINALMO y CARBORIENTE. El retorno
de esta última en el año 2005 estuvo lleno de optimismo, pues la empresa convenció a las comunidades de las grandes posibilidades de desarrollo que éstas tendrían con los nuevos proyectos. Al cabo de 3 años no se han recibido las regalías prometidas por Carboriente con la justificación de haber adelantado hasta el momento exclusivamente labores exploratorias. Cuando el campesinado volvió a notar los impactos ambientales y asumió el incumplimiento de la empresa, se levantaron protestas reclamando por el engaño de la empresa y por los daños de sus proyectos. Se convocó entonces a un Cabildo Abierto y a varios foros para discutir la situación, y se gestionó la presencia en la Constituyente de Santander. Posteriormente, se dio una situación similar de conflicto y se presentó una demanda, bajo el argumento de los impactos ocasionados por la actividad minera, como el aumento de los problemas socioeconómicos y culturales de la región, y la disminución de la flora y la fauna debido a las sustancias químicas contaminantes provenientes del proceso minero. Este último factor fue el determinante de la agitación de las comunidades, que progresivamente han ido dejando a un lado la agricultura, poniendo en peligro su seguridad alimentaria. La Gobernación del Departamento con un plan prospectivo logró la apropiación del Páramo el Almorzadero, pero no para protegerlo, sino para declararlo como Páramo Seco y así poder viabilizar su explotación. Sin embargo, ante el peligro inminente en el que se encuentra el páramo, las comunidades de la Provincia de García Rovira demostraron que éste no era seco. La Campaña en Defensa de la vida y el Páramo del Almorzadero obligó a la Corporación Autónoma de Santander (CAS) a subir al páramo y a ordenar la suspensión de la actividad minera nuevamente.
El trabajo regional ha sido muy fuerte. Sus protagonistas son las comunidades de toda la Provincia de García Rovira, dentro de las cuales se destacan algunos grupos:
Asociación AGROVIDA, REMACOL, ASOJUNTAS, ANUC, ADIMAGAR, Cabildo Verde
de Cerrito, COANDIS, Asociación de Mujeres Campesinas, CADISGAR, Cooperativa
Espiga de Oro, Juntas de Acción Comunal de Siberia y La Paja (Cerrito), Cooperativa
COMULDESPA y CENSAT AGUA VIVA. También han participado varias instituciones
como la Universidad Industrial de Santander, la Administración Municipal de Cerrito y
las Personerías Municipales. Todos los grupos y las instituciones constituyen la
Comisión de Vigilancia y Seguimiento para la Protección del Páramo El Almorzadero.
Ésta logró el apoyo de la mayor parte de las administraciones municipales de la
Provincia, las cuales enviaron en 2007 una carta al Presidente de la República
pidiendo la cancelación del proyecto. En abril de 2008, el actual gobernador de
Santander expresó también su apoyo a las comunidades en el marco de la IV Cumbre
Ecológica de los Pueblos de la Ecorregión de Chicamocha y Arauca, convocada por
todas las organizaciones sociales de la zona.
El ejército nacional y la CAS ofrecieron protección durante algún tiempo a algunos de
los líderes comunitarios y de las Organizaciones No Gubernamentales, las
Personerías Municipales y los Grupos Juveniles. Esto tuvo incidencia en el Esquema
de Ordenamiento Territorial del municipio de Cerrito, en donde el Consejo estableció
que no se puede hacer explotación del carbón en la zona. Finalmente, en septiembre
de 2008 se logró nuevamente la suspensión de licitaciones por parte del gobierno
nacional para explorar y explotar carbón en el Páramo de El Almorzadero. El pueblo
campesino, de arraigo profundo a la tierra y al agua, ha sido ejemplo para Colombia y
para América Latina. Sin embargo, los problemas no cesan. Las comunidades siguen
trabajando en procesos de demanda para proponer una reforma al Código de Minas y
han seguido realizando campañas de sensibilización medioambiental.